Un proyecto de ley presentado el 2011 por el legislador puneño Mariano Portugal y dictaminado el 2013 por la Comisión de Transportes y Comunicaciones, si es aprobado en el Pleno del Parlamento, abriría las puertas a la legalización total de carros de contrabando.
El congresista Mesías Guevara advirtió del riesgo y dijo que ese dictamen –que plantea el saneamiento aduanero y tributario de unidades inmatriculadas con orden judicial en la Superintendencia Nacional de Registros Tributarios– requiere retornar a comisión para evaluar mejor su contenido.
Mesías, quien integró la Comisión de Transportes el 2013, recordó que el proyecto tuvo varias observaciones del Ministerio del sector, por lo que se abstuvo de votar, pero sus colegas, incluido el entonces presidente del grupo, Rogelio Canches, se inclinaron a favor.
"Ahora, con lo que se conoce del caso del juez de Puno, quien está preso por ingresar al país miles de vehículos de contrabando, creo que lo más sensato es que el dictamen retorne a comisión", indicó.
El legislador acciopopulista anunció que planteará esa alternativa a sus colegas si el dictamen es agendado en el Pleno del Congreso.
Según el dictamen del proyecto de Ley 1351-2011, para legalizar la propiedad del vehículo el propietario solo deberá acreditar que su unidad fue inscrita por "mandato judicial", lo cual deberá ser certificado por la Sunarp.
Luego, tras pagar los impuestos ante Sunat y Aduanas, la propiedad pasaría a ser completamente legal.
Según fuentes del Poder Judicial, de aprobarse la iniciativa del legislador, que ahora integra la bancada de Unión Regional, se legalizaría la propiedad de unos 3.000 a 3.500 vehículos que ingresaron al país de contrabando por Puno y que fueron inscritos en Sunarp por orden judicial.
EL HILO DE LA MADEJA
Dicho mandato al cual alude el dictamen, en el caso de Puno, está referido a las resoluciones emanadas por jueces de paz no letrados que, al amparo de procesos simulados por "obligación de dar suma de dinero", ordenaron la inmatriculación de numerosos carros de contrabando procedentes de Bolivia. Esta figura legal obliga al deudor a honrar sus deudas.
Bajo este mecanismo, solo el ex juez del distrito de Platería Ladislao Pauro Llutari – ahora preso en el penal de La Capilla (Juliaca) precisamente por el delito de receptación aduanera– nacionalizó unos mil carros de contrabando entre el 2006 y 2008, según las investigaciones policiales.
A PAURO SE LE HA SENTENCIADO A CINCO AÑOS DE PRISIÓN
Según esas indagaciones, para darle apariencia legal, la mafia para la que habría trabajado el juez Pauro Llutari falsificaba documentos de un supuesto crédito privado.
Luego, el acreedor presentaba un acta de conciliación –también 'bamba'– en la que el deudor se compromete a amortizar el crédito inexistente con un carro.
El documento se presentaba al juez de paz no letrado, quien ordenaba a Sunarp registrar la unidad a nombre del acreedor, pese a que esa no era su competencia.
Todas las resoluciones firmadas por el ex juez de paz Pauro Llutari, en las que ordenaba la inmatriculación de unidades, fueron registradas por Karim Sarabia Palza, quien entonces trabajaba en la Sunarp. Ahora este es notario en Tacna.
Las denuncias contra Sarabia, como parte de la mafia, no prosperaron porque entre los fiscales a cargo del caso se encontraba su ex abogada.
El registrador pasó por alto el hecho de que los jueces de paz no tienen competencia para ordenar la inmatriculación porque sus funciones son solo de carácter comunal. Aún así dio trámite a todas las disposiciones que llegaron a sus manos.
Las investigaciones señalan también que una vez nacionalizado el carro, la mafia simulaba la venta a terceros. Se sorprendió a varios incautos, pero en la mayoría de casos los contrabandistas simularon ventas ficticias y aparecen como compradores de buena fe.
Si el Pleno del Congreso aprueba el dictamen de Ley, estas unidades tendrían la oportunidad de convertirse en completamente legales. Sería un negocio redondo para los contrabandistas.
DICE DEFENDER A COMPRADORES
El congresista Mariano Portugal argumentó que el propósito de su iniciativa legislativa es que los compradores de los vehículos de contrabando no pierdan su derecho de propiedad al haber actuado de buena fe.
Sostuvo que si un juez ordenó la inmatriculación de las unidades y nadie impugnó esa decisión, tiene que respetarse; aunque no quiso opinar sobre los procesos fraudulentos con los que se logró la nacionalización.
Los vehículos inmatriculados por jueces de paz en Puno no pueden circular porque son considerados de contrabando. “Si vienen a reclamar por su derecho de buena fe, tengo que atenderlos”, afirmó Portugal.
CLAVES
El Código Civil protege al comprador de buena fe, quien puede interponer una denuncia por estafa y pedir la devolución del dinero invertido en el bien o solicitar que se le reconozca su derecho en la vía civil.
Asimismo, puede plantear un proceso de saneamiento por evicción, figura legal que también permite la restitución del precio de la cosa u objeto que le fue vendido.
Fuente: La República
